Allanan el medio periodístico “La Brújula 24″ de la ciudad de Bahía Blanca

La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) manifiesta su preocupación por el allanamiento a la radio y portal digital de noticias “La Brújula 24” de la Ciudad de Bahía Blanca.
El procedimiento ordenado por el juez federal Santiago Ulpiano Martínez y llevado a cabo por la Policía Federal Argentina tendría como finalidad impedir la difusión de material de audio vinculado a una causa de narcotráfico e identificar a las fuentes que facilitaron dicho material a “La Brújula 24″.
En efecto el hecho tuvo lugar en el momento preciso en el cual la emisora estaba poniendo al aire la primera de las grabaciones que originaron el allanamiento, configurándose así un caso de censura directa sobre el medio afectado.
Por lo tanto  estaríamos ante un caso de violación de los derechos y principios tutelados por nuestra Constitución Nacional y los Tratados Internacionales que la integran.
El artículo 43 de la Constitución establece taxativamente que “no podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística” y la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la OEA, que en su apartado octavo garantiza que “todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”.
No es la primera vez que la causa judicial en cuestión es motivo de un intento de limitación a la libertad de expresión y de prensa. En julio de este año, Francisco Zamora, hijo de Gerardo Zamora, presidente provisional del Senado de la Nación, intimó mediante cartas documento a los medios Última Hora Diario de Santiago del Estero y la Agencia Paco Urondo para que retiraran de sus portales de internet artículos en los cuales se lo vincularía con Juan Suris, detenido en el marco de la investigación que lleva adelante la justicia federal.
La situación actual es de una extrema gravedad, ya que se estaría violentando el ejercicio de múltiples derechos. En primer lugar, como ya mencionamos, el intento de conocer las fuentes periodísticas del medio entraría en conflicto con las normas antes citadas. Al mismo tiempo se estaría impidiendo el derecho a “buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”, sin previa censura consagrado por el Pacto de San José de Costa Rica. Y finalmente se lesionaría el derecho de los ciudadanos a acceder a información de interés público.
LED ha manifestado en reiteradas ocasiones que la utilización de instancias judiciales para restringir el derecho a la libertad de expresión y de prensa, o directamente para intentar presionar a los trabajadores y medios de prensa constituye una práctica incompatible con el estado de derecho que lamentablemente se está volviendo habitual en nuestro país.
La Fundación LED seguirá con atención el desarrollo de esta situación con el objetivo de visibilizar cualquier acción que implique una limitación de los derechos que protege. Y reafirma su compromiso para difundir y salvaguardar el derecho a la libertad de expresión y de prensa como pilares de nuestro sistema democrático.
28 / 10 / 2014
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