Continúan las presiones a medios de prensa en la Provincia de Santiago del Estero. Un reflejo de la situación del periodismo en el país.

La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) continúa alertando sobre nuevos episodios de persecución judicial a periodistas y medios de prensa que publican información que incomoda al poder político.

En esta ocasión nos estamos refiriendo puntualmente a dos Cartas Documento intimidatorias, fechadas el 14 de julio de 2014, que, mediante apoderado, remitió Francisco David Zamora, hijo del presidente provisional del Senado Gerardo Zamora.

En una de esas Cartas Documentos intimó al medio periodístico “Última Hora”, dirigido por el periodista santiagueño Juan Pablo Suárez, para que en el término de 24 horas baje de la página web www.ultimahoradiario.com.ar una nota publicada el 25 de junio de 2014, titulada “¿Padre e Hijo narcos?” en la que vincula a Gerardo Zamora y su hijo Francisco con Juan Suris quien se encuentra detenido en una causa por narcotráfico que tramita en el Juzgado Federal de Bahía Blanca. Específicamente se lo intima bajo apercibimiento de iniciar una querella por el delito de calumnias y el consecuente reclamo pecuniario.

La restante carta documento tuvo idéntico objetivo y fue dirigida al periodista Nicolás Adet Larcher, corresponsal de la Agencia Paco Urondo de la Provincia de Santiago del Estero, para que elimine una nota sobre la misma temática publicada en el portal “amise.com.ar”.

Frente a ello, La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) repudia enérgicamente esta grave situación que, por cierto y como venimos alertando, se reitera cada vez con mayor frecuencia en nuestro país y que busca acallar a la prensa bajo la amenaza de acciones penales y sanciones económicas.

Este tipo de actitudes es una de las formas más directas de generar autocensura que, junto con la asfixia económica instrumentada a través de la quita de pauta oficial y persecución de los organismos impositivos pretende silenciar a los medios periodísticos independientes.

Y, por cierto que esa actitud intimidatoria se observa con absoluta claridad en este caso en particular desde que jurídicamente no es viable ninguna acción penal ni sanción pecuniaria pues al referirse a funcionarios públicos y sus familiares cercanos se trata de cuestiones vinculadas directamente con asuntos de interés público que se encuentran protegidos por las leyes, la Constitución Nacional y por los Tratados Internacionales que la integran.

Recordamos que el periodista Juan Pablo Suárez permaneció diez días privado de su libertad por obtener y reproducir imágenes de los saqueos y la protesta policial ocurrida en Santiago del Estero en diciembre último al que, inclusive, pretendió aplicársele la cuestionada ley antiterrorista, acusarlo de sedición y, finalmente, se lo procesó por el delito de incitación a la violencia cuya apelación se encuentra pendiente de resolución.

Como venimos sosteniendo, no se trata de un caso aislado sino de una verdadera mecánica implementada para cercenar la libertad de expresión, lo cual queda reflejado en los informes anuales que elabora LED.

Recientemente la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA emitió un duro comunicado sobre la crítica situación que se vive en nuestra región en materia de liberad de expresión y destaca, especialmente, la utilización que se hace de la justicia para silenciar a periodistas opositores.

La Fundación LED mantiene su compromiso en defensa de la Libertad de Expresión en el marco de nuestra Constitución Nacional, los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos y las leyes que garantizan el pleno ejercicio de este derecho a todas las personas. En este contexto se alerta nuevamente sobre la delicada situación y la persecución de la que es víctima el periodismo en nuestro país cuando sus opiniones no coinciden con el discurso hegemónico que intenta imponerse desde el poder.

17/07/2014

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