Problemas insolubles para la AFSCA – Silvana Giudici – DIARIO CLARIN 20/01/2014

El 2014 es el año de las adecuaciones a la ley” dice Martín Sabbatella, titular de la AFSCA. ¿Qué sucedió con el apremio que mostraron durante el 2013 luego del fallo de la Corte Suprema?

Todo indica que la postergación no responde a motivos técnicos, ni jurídicos, sino estrictamente políticos.

¿Cómo se entendería que la autoridad de aplicación de la ley de medios aprobara el plan de adecuación presentado por el grupo mediático al que el Gobierno considera “enemigo del modelo” y no pudiera aprobar los planes de adecuación que están presentados en la AFSCA desde el año 2012?

La paradoja se encuentra en la imposibilidad legal de adecuar grupos como Telefónica, Prisa, Indalo, y Grupo Uno, entre otros. Cada uno de esos casos reviste incompatibilidades imposibles de saldar, salvo a través de alguna corrección parlamentaria al texto de la ley 26.522. Ya sea por la tenencia de las frecuencias en manos de sociedades extranjeras o porque los licenciatarios son prestadores de servicios públicos, se hace difícil, hasta para Sabbatella, encontrar un argumento creíble para aprobar tantas excepciones en un solo acto administrativo.

La ley nunca estuvo pensada para aplicarse a todos, ni para la pluralidad de voces sino para la consumación de un proyecto de hegemonía comunicacional donde la que impera es la voz del Gobierno. Durante 4 años de aplicación selectiva quedó comprobado el viraje de las líneas editoriales de la mayoría de los medios en función de una promesa de ajuste laxo a la ley sancionada. Si se aplicara la letra de la misma a todos por igual, los medios oficialistas se verían fuertemente afectados.

Cristóbal López debería devolver las frecuencias que gerencia, ya que los artículos 24 inciso i y 25 inciso d de la ley no permiten que los radiodifusores sean a la vez prestadores de servicios públicos.

También deberá Telefónica desprenderse de Telefe tanto por el artículo 25 inciso c, que regula la propiedad extranjera, como por la prohibición que la regulación de Telecomunicaciones impone a las telefónicas para prestar radiodifusión.

La aplicación igualitaria de la ley implicaría un fuerte golpe al relato construido por el Gobierno y sostenido desde el conglomerado de medios privados que ajustaron la línea editorial a sus preferencias.

Por eso no se avanzó en las adecuaciones.

De no aplicarse la ley en todo su alcance, quedarán estafados en su buena fe aquellos que, con fervor, creyeron en sus postulados. Hasta ahora y como vienen planteados los planes de desinversión, la ley y la madre de todas las batallas se dirime sólo en el terreno de lo comercial, exhibiendo vistosas estrategias de ingeniería societaria, recomposiciones de directorios y desagregaciones empresariales.

Es que el principal argumento utilizado por el Gobierno para sumar aliados (y votos a la hora de la sanción de la ley), el de las nuevas voces en los medios de comunicación, no fue más que un slogan. No hay, salvo las nuevas radios universitarias o las frecuencias de baja potencia, nuevos actores independientes, comunitarios o privados, en la radiodifusión de alcance nacional. Es que el interés nunca estuvo puesto en incorporar nuevos emisores, sino solamente en reconvertir la matriz de medios hasta conformar un enorme conglomerado oficialista.

 

20/01/2014

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