“Sanciones por opinar distinto”

La Fundación LED Libertad de Expresión + Democracia expresa su preocupación por las consecuencias que desataron las expresiones, publicadas el domingo 8 de julio en el diario Clarín, del ciudadano Jorge Toselli.

A raíz de sus expresiones en relación a la crisis del sector inmobiliario recibió la reprimenda pública de la Presidente de la Nación Dra. Cristina Fernández de Kirchner dentro de un discurso oficial transmitido por cadena nacional el miércoles 11 de julio.

Luego y directamente vinculado a las expresiones del empresario, el mismo recibió una sanción fiscal directa al serle suspendida su CUIL (Clave Única de Identificación Tributaria) necesaria para la operación de su negocio inmobiliario.

Estos hechos expresan la utilización del poder coercitivo del estado para acallar voces críticas.  Así queda demostrado cuando la Presidente de la Nación ha reconocido públicamente que, por instrucciones suyas, agencias del Gobierno han investigado a ciudadanos que se habían manifestado disconformes con determinadas medidas de su gestión, acción que en si misma  reviste extrema gravedad para la vigencia plena de los derechos humanos en nuestro país.

Nuestro país es garante del Pacto de San José de Costa Rica y de otros tratados internacionales que han adquirido rango constitucional y tutelan los derechos a la Libertad de Pensamiento y Expresión.

El principio Nº 2 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la OEA establece: Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Como ya hemos dejado en claro la Fundación LED sostiene que ningún ciudadano argentino escapa al accionar de la justicia y que todos estamos obligados a cumplir con las leyes y normas vigentes. Por lo que la pertinencia o no de la sanción fiscal aplicada queda fuera del encuadre del debate.

Esto no excusa el accionar de aquellos funcionarios que utilizan al Estado para reprimir opiniones con el argumento de perseguir faltas cometidas por quién expresa ideas diferentes.

Más aún, la utilización del sistema público de medios como propalador del mensaje amenazante constituye en si mismo una violación a los principios que esta Fundación defiende.

En conclusión, la Fundación LED desea manifestar su profunda preocupación por el curso de las acciones llevadas adelante, dado que constituyen un antecedente de intimidación que puede inducir a la autocensura colectiva. Si los ciudadanos cuyas expresiones no coinciden con la visión del gobierno son castigados fiscal o judicialmente, como ya ha ocurrido en el caso de los consultores económicos que publicaban índices de precios distintos al del INDEC, la libertad de expresión se resiente notablemente. La asimetría que supone contraponer una expresión de un ciudadano publicada en un medio de comunicación, con la voluntad de un gobierno que se crispa por cadena nacional y sanciona con la fuerza punitiva del estado a quien piensa diferente es una actitud poco democrática que lesiona el principio básico de la libertad de expresión.

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