Otro hecho de Censura en la República Argentina

En el mes de junio de este año la Fundación LED, Libertad de Expresión más Democracia alertó sobre el impacto y las consecuencias de la Resolución 47/2012 que facultaba al Secretario de Comercio Guillermo Moreno a modificar el Registro de Asociaciones de Consumidores.

La Resolución 47/2012 modificatoria de la resolución 461/1999, mediante la cual se facultó al Señor Secretario de Comercio a dar  de baja en el Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores a las “asociaciones que correspondan”, sin mencionar causales, o sin especificar procedimientos, ni menos aún garantías a aplicarse en tales supuestos, abría una brecha, como queda demostrado, para la discrecionalidad en el retiro o continuidad de las Asociaciones en el mismo.

La norma aumentó la discrecionalidad en el accionar del gobierno, generando un clima cada vez menos tolerante de las libres opiniones relacionadas a la inflación, índices de precios y gasto público en general, tal como viene sucediendo respecto de varias consultoras económicas que publicaban índices de evolución de precios distintos al oficial, que al día de hoy, se abstienen de brindar dicha información por temor a ser nuevamente perseguidos.

El rol social de las asociaciones de consumidores merece especial atención a la hora de limitar su accionar y más aún a la hora en que las mismas expongan su tarea, dentro de las cuales indefectiblemente se encuentra la de brindar información sobre los precios de los productos que se encuentran masivamente a la venta y son consumidos por toda la población.

En el día de la fecha, la Secretaría de Comercio a través de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, a cargo de Lucila Colombo, ha suspendido a la Asociación Consumidores Libres, cuyo Presidente es el Dr. Héctor Polino, por expresar sus opiniones con relación a los índices de precios, tal como lo viene realizando  desde hace 18 años.

Prohibir a una asociación de consumidores que brinde información a los consumidores implica negarle su razón de ser, su existencia misma.

Podemos ver con claridad que aquella reforma normativa que denunciábamos afectaba el  derecho a la libre opinión, hoy  nos pone de frente con la realidad que lo confirma. La baja del registro fue realizada sin demostrar casuales o brindar derecho a defensa. Simplemente se trata de sancionar por el hecho de opinar distinto y publicar un listado de precios distinto a los oficiales publicados por el INDEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Esta medida, sumada a la censura y multas sobre las consultoras económicas privadas, lesiona el derecho a la libre expresión consagrado por nuestro derecho constitucional y los tratados internacionales que adoptamos como propios, así como los derechos de usuarios y consumidores explícitamente protegidos por  la Constitución Nacional.

El modo de operar de la Subsecretaria de Defensa del consumidor es alarmante e ilegítimo. Esta medida genera inmediatamente un clima de autocensura que inducirá a muchas otras asociaciones de defensa de los derechos de los ciudadanos, a no opinar o publicar sus datos ante el riesgo de perder su inscripción oficial. Repudiamos tales actos y seguimos bregando por la libertad de expresión, la libertad de opinión y el libre acceso a la información de todos los ciudadanos.

 

Share via emailShare on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInShare on XingSubmit to StumbleUponSave on DeliciousDigg ThisSubmit to reddit

Copyright 2012 Fundación LED. Diseño por Alma Comunicación Creativa