La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) ha manifestado en reiteradas oportunidades su preocupación por los diversos incumplimientos a la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual por parte del Estado que resultan en un grave daño a los principios de libertad de prensa y expresión en nuestro país.
La designación de un nuevo presidente en la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) constituye una oportunidad más para normalizar el funcionamiento de su directorio y del de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA), mediante la incorporación de los representantes de las minorías parlamentarias conforme lo establece la ley 26522 en sus artículos 14 y 132 respectivamente.
Al mismo tiempo resulta fundamental que las nuevas autoridades procedan a corregir las graves irregularidades e incumplimientos a la ley vigente cometidas por los funcionarios salientes, y entre otras, hagan público el censo de medios devenido de las primeras resoluciones del organismo en el año 2009, de manera de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 57 y 58 de la ley 26522.
De igual manera resulta elemental que el Gobierno promueva que los legisladores oficialistas cesen con la inacción y convoquen de manera inmediata a la Comisión Bicameral de Medios Audiovisuales, no solo con el objeto de legitimar a los representantes de las minorías en los directorios de Afsca y RTA, sino también para cumplir con lo que establecen los artículos 19 y 20 de la ley y así designar al Defensor del Público.
Estas medidas no constituyen meros actos formales sino que son esenciales para garantizar la pluralidad y democratización que se pregonaba para la sanción de la ley hace 3 años.
La inactividad de la Comisión Bicameral, la no integración de las minorías parlamentarias, la falta de designación del Defensor del Público, la ausencia de la publicación del censo de medios y la escasa transparencia en los procesos licitatorios de las nuevas señales de televisión digital, entre otros, constituyen graves omisiones del poder que traen como consecuencia la negación de derechos básicos de los ciudadanos.
En consecuencia la Fundación insta a las nuevas autoridades de la AFSCA, al Gobierno Nacional y a los parlamentarios del oficialismo a dar cabal cumplimiento a la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual a fin de garantizar la plena vigencia de los principios que establecen nuestra Constitución Nacional y los Tratados Internacionales que la integran en materia de libertad de expresión.