La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratifica la importancia del Acceso a la Información Pública

La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia)  desea destacar la trascendencia del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que obliga al Estado Nacional a garantizar el acceso a la información pública e insta al Poder Legislativo a sancionar una norma regulatoria en la materia.

Ante la solicitud del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) para acceder a información referida a planes sociales bajo la órbita de Ministerio de Desarrollo Social de la Nación , y ratificando un fallo de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en la Contencioso Administrativo Federal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha emitido una sentencia que se constituirá en un precedente fundamental para garantizar el acceso a la información pública en nuestro país.

En esta resolución de la Corte se plasman los conceptos y principios que la Fundación LED difunde y defiende de manera permanente. En este sentido y además de los permanentes llamados de nuestra organización para que sancione una norma que garantice de manera plena el ejercicio del derecho a acceder a la información pública, recordamos que el 3 de diciembre de 2012 hacíamos pública una declaración en la cual manifestamos nuestra preocupación por la pérdida de estado parlamentario de los proyectos de ley de acceso a la información pública que habían conseguido dictámenes de comisión en la dos cámaras legislativas y media sanción en el Senado de la Nación.

En esa ocasión expresábamos que: “Al obstaculizar el tratamiento de la ley que permita el pleno ejercicio de este derecho no solo se está limitando la posibilidad de que los ciudadanos accedan a datos que son propiedad de todos y no solo del gobierno, sino que adicionalmente se está restringiendo el ejercicio de otros derechos elementales, como la libertad de expresión, que no pueden ser desarrollados cabalmente sin la indispensable información sobre lo actuado por el gobierno.”

El Máximo Tribunal ha resaltado en el fallo lo preceptuado por la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos al establecer que: “el acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas”, como así también lo dispuesto por la Asamblea General de la Naciones Unidas al definir el acceso a la información pública como “un derecho humano fundamental y (…) la piedra angular de todas las libertades que están consagradas…” por ese organismo.

Queremos detenernos particularmente en el considerando 31 de fallo de la Corte, en el cual al referirse a los planes sociales dice: “ni estos loables objetivos, ni la situación de necesidad en la que se encuentran sus beneficiarios pueden servir de excusa para eximir al Estado Nacional de su obligación de obrar en forma transparente y de someter al control público la forma en que, empleando fondos del presupuesto nacional, implementa esa ayuda…”. Si la Corte fija una exigencia tan extrema, en una situación que ella misma define como de “necesidad”, figurémonos cuan minuciosa debiera ser la información brindada por el estado en situaciones como la asignación de pauta publicitaria oficial o de recursos para el programa Fútbol para Todos, que no se encuentran destinados a ciudadanos en una situación vulnerable.

Desde la Fundación LED llamamos a las distintas instancias del estado involucradas en el fallo a dar rápido y total cumplimiento a lo establecido por la Corte Suprema, facilitando el acceso a la información pública y sancionando una norma para garantizar el ejercicio de este derecho, a la vez que comprometemos una vez más nuestra labor para lograr la consolidación de todos los derechos ciudadanos como forma de garantizar la convivencia democrática.

 

27/03/2014

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