Intentos de censura en el seno de las instituciones provinciales

La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) desea hacer pública su preocupación por el clima de limitación a las posibilidades de expresión que se vienen sucediendo de manera creciente en distintas provincias de nuestro país.

Recientemente la Diputada Provincial de Jujuy, Isolda Calsina, denunció que el bloque mayoritario del oficialismo provincial impulsó una sanción en su contra como represalia por haber solicitado que el cuerpo manifestara su repudio a los hechos de violencia ocurridos en la localidad de Humahuaca.

El pedido de la Diputada Calsina tenía como objetivo repudiar la muerte de un joven jujeño ocurrida el 5 de septiembre del corriente en un enfrentamiento entre vecinos de la localidad de Humahuaca y militantes de una organización social que se movilizaban con el objetivo de ocupar terrenos en la misma.

Esta misma semana en la Provincia de Formosa el Auditor General de la Nación, Dr. Leandro Despouy, tuvo que cambiar a último momento el lugar en el cual brindaría una conferencia sobre “El control público en el Argentina” cuando el Hotel del Circulo de de Suboficiales de esa provincia, que había sido reservado con 45 días de antelación comunicara que no permitiría la realización del evento en sus instalaciones por “razones políticas”.

En ambos casos se produce claramente un avasallamiento de los derechos más elementales de la sociedad por parte de quienes ejercen el poder provincial en forma casi hegemónica.

Ya hemos advertido sobre los peligros que entraña para el sistema democrático el hecho de que en muchas provincias de nuestro país la restricción a la libre expresión, ya sea por vía directa o indirecta, se esté transformando en moneda corriente, más aún cuando desde el nivel nacional estas actitudes antes que ser repudiadas son justificadas o minimizadas.

La actitud de la legisladora jujeña que intentaba resaltar la importancia de la convivencia pacífica y el absoluto repudio a cualquier forma de violencia refleja cabalmente los principios de la Fundación y es incomprensible que un cuerpo legislativo que se supone máxima representación de la participación democrática se niegue a manifestarse en defensa de estas premisas elementales.

La posibilidad de escuchar la opinión del Presidente de la Auditoría General de la Nación, órgano de rango constitucional, es sin duda parte del derecho a la libertad de información del que gozan todos los habitantes de nuestra Nación. Impedirlo por cualquier medio atenta directamente contra los preceptos de nuestra Constitución Nacional que esta Fundación defiende.

En consecuencia solicitamos a las autoridades provinciales y nacionales pertinentes que tomen medidas urgentes a fin de  garantizar la libertad de expresión y el repudio a los hechos intimidatorios que sufrieron la diputada provincial y el auditor general de la nación  y las invitamos junto al resto de la sociedad a continuar con la construcción cotidiana de una democracia plena.

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