Cuando la pretensión de construir un solo relato no tiene límites

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), creada en 1959, es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos que tiene como función principal la de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y servir como órgano consultivo de la OEA. En la década de los noventa, con el objeto de brindar atención a grupos, comunidades y pueblos expuestos a violaciones de los derechos humanos se crean las Relatorías Temáticas y es en 1997 que, con la creación de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, se cumple con el compromiso establecido en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en cuanto a que “Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio”.

En marzo de 2011, la CIDH presentó una propuesta de reforma a su Reglamento, decidiendo la OEA, en su Sesión Ordinaria del 29 de junio próximo pasado crear el Grupo de Trabajo que entregó su informe del 13 de diciembre de 2011 (GT/SIDH-13/11), este informe manifiesta tres puntos claves en cuanto al recorte de funciones de la Relatoría:

  • El establecimiento de un Código de Conducta que regule la gestión de las Relatorías de la CIDH, para asegurar la coordinación que debe existir entre dichos mecanismos y los Estados.
  • Incorporar todos los informes de las relatorías en un capítulo único de su informe anual.
  • Estudiar la financiación a efectos de impedir un mayor presupuesto para la relatoría.

Desde la Fundación LED, nos oponemos a estas propuestas, que atentan contra el financiamiento de la Relatoría -que recauda sus propios recursos sin recibir financiamiento directo de la CIDH ni de la OEA-, contra el sustancioso informe de la Relatoría que plantea con minuciosidad la situación de cada país y la posibilidad de emitir comunicados sobre determinados temas de actualidad, en definitiva contra la misma independencia de la Relatoría, limitando económicamente la posibilidad de convocar a audiencias en los lugares de los hechos, la minuciosidad de los informes y las acciones tendientes a la corrección de las violaciones a la libertad de expresión.

El 25 de enero, el Consejo Permanente de la OEA, aprobó el informe presentado, que en caso de ser tenido en cuenta por la CIDH y por los Estados miembros, debilitará y pondrá en peligro la autonomía de la Relatoría para la Libertad de Expresión, que ha significado hasta el momento un instrumento eficaz para evitar los abusos de los gobiernos que concentran el poder poniendo en peligro las libertades de prensa y expresión, y disminuyendo el sistema de defensa de Derechos Humanos de América.

Son Ecuador y Venezuela quienes han impulsado para el 144º Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) éstas tres recomendaciones que persiguen un claro objetivo: acotar el meritorio trabajo que ha desarrollado la Relatoría en sus informes anuales en donde ha puesto en evidencia la preocupante situación en algunos países para poder ejercer en plena libertad el derecho a la palabra. Precisamente Venezuela y Ecuador son algunos de los Estados con mayor tensión respecto de la prensa independiente y los dirigentes de partidos de oposición. De allí, la desmesurada decisión de ambos países para focalizar su demanda inmediata en el órgano regional para limitar su accionar.

Es justamente en ambos Estados en donde el sistema Americano de Derechos Humanos ha verificado numerosos actos de violencia y agresión contra periodistas o medios por su actividad periodística. Se instrumentan procesos disciplinarios, administrativos y penales que alcanzan a dirigentes de partidos opositores a organizaciones sociales defensoras de derechos humanos. Se prohíben publicaciones con contenidos críticos en los medios. Se cometen arbitrariedades con normas regulatorias cuestionadas en su legitimidad constitucional, y como corolario se hace uso discrecional de las cadenas oficiales, en muchos casos solo para denostar a periodistas o medios, dirigentes políticos de oposición u organizaciones sociales.

Desde la Fundación LED solicitamos al gobierno argentino el rechazo de toda propuesta que signifique en forma expresa o encubierta limitar competencias y atribuciones a la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión. La posición Argentina en la CIDH debe ser clara evitando la pretensión de imponer un solo relato, y defendiendo el derecho de libertad de expresión consagrado en nuestro ordenamiento legal.

La Libertad de Expresión es un pilar irrevocable de la Democracia y ningún país tiene derecho a limitarla.

01/02/2012

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