Censura en redes sociales en Venezuela

La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) expresa profunda preocupación ante la aprobación de la norma “Constituyente para la Convivencia Pacífica y en Contra de la Intolerancia” en la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), en Caracas, Venezuela.

La ANC, puesta en funcionamiento por fuera de la Constitución venezolana el pasado 17 de agosto del corriente año, asumió las competencias del Parlamento Venezolano destituyendo a sus legítimos representantes legislativos. La norma fue propuesta por el régimen de Nicolas Maduro, quien declaró que el objetivo de la misma era: “erradicar el odio impuesto por sectores de la oposición venezolana”. En la misma se establecen penas de entre 15 a 25 años de prisión por “crímenes de odio” y según lo expresado la presidenta de la ANC, Delcy Rodriguez, regulará en las redes sociales el uso de la emisión de mensajes “de odio e intolerancia y fuertes sanciones cuando se esté en presencia de un delito de odio y de intolerancia” alegando que: “los partidos opositores han sido los principales responsables de radicar el odio en Venezuela, el odio racial, clasista y político y que podrían realizarse penalizaciones a las empresas proveedoras de redes sociales”(SIC).

Sin lugar a dudas, esta decisión constituye un acto de censura que limita el derecho a la libertad de expresión y de prensa garantizado por los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, profundo desprecio por las instituciones democráticas y manipulación de la opinión pública.

Advertimos que el régimen venezolano está siguiendo la vía iniciada por Cuba, Turquía y la República Popular de China, los cuales establecieron mecanismos de censura para restringir los mensajes en las redes sociales e internet e incluso, iniciaron investigaciones y procedimientos legales contra un importante número de ciudadanos, a los cuales se los equiparó con el accionar terrorista, situaciones que han sido reiteradamente advertidas por organizaciones como Reporteros Sin Fronteras en sus informes sobre censura en internet.

Cabe destacar que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, condenó la criminalización y militarización de las protestas sociales en Venezuela y expresó en el principio 5 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión que: “La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley.Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión”. Asimismo, esta Relatoría Especial le reiteró, al régimen de Maduro, la importancia de “crear un clima de respeto y tolerancia hacia todas las ideas y opiniones y que la diversidad, el pluralismo y el respeto por la difusión de todas las ideas y opiniones, son condiciones fundamentales en cualquier sociedad democrática. En consecuencia, las autoridades deben contribuir decisivamente a la construcción de un clima de tolerancia y respeto en el cual todas las personas puedan expresar su pensamiento y opiniones sin miedo a ser agredidas, sancionadas o estigmatizadas por ello”.

En el mismo sentido, el Relator Especial de la ONU, en su Informe sobre la Promoción y Protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, recomienda “a los Estados a que, en los próximos años, tengan especialmente en cuenta el ámbito de los derechos digitales, la integridad de las comunicaciones digitales y el papel de los intermediarios, con independencia de las fronteras”, además de observar: “un constante deterioro de los derechos en línea, a pesar de que el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General instan a que los derechos de las personas en el mundo real se respeten en el mundo virtual”.

La Fundación LED reitera su rechazo a esta decisión que constituye una vulneración de los derechos democráticos fundamentales de los ciudadanos y reafirma su compromiso para trabajar con todos los organismos y organizaciones de la región a los fines de restablecer el estado de derecho en Venezuela.

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