Resolución de la OEA respecto al financiamiento de la CIDH

Como conclusión de su cuadragésimo cuarta sesión extraordinaria la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, ha emitido una resolución que pone límites al intento de debilitamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en general y en particular de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. 

Mediante la resolución se toma conocimiento de las recomendaciones del grupo de trabajo especial de reflexión sobre el funcionamiento de la CIDH, y se reafirma la necesidad de un pleno financiamiento de las actividades de la Comisión, permitiendo hasta tanto se logre el mismo la continuidad de los mecanismos externos utilizados actualmente.

Esta resolución concluye parcialmente un proceso iniciado hace casi dos años, por iniciativa de los representantes de Ecuador y Venezuela, con el apoyo de Nicaragua y Bolivia, por el cual se propuso una amplia reforma el estatuto de la CIDH. Como manifestáramos en documentos anteriores, la mencionada reforma implicaba el deterioro de las capacidades de la CIDH y particularmente de la Relatoría Espacial para la Libertad de Expresión mediante la limitación de sus facultades y el ahogo presupuestario.

Afortunadamente la Asamblea General ha reafirmado con este documento su compromiso con las funciones de la CIDH, manifestando la importancia de que el organismo cuente con la adecuada financiación.

Sin embargo es necesario destacar que si bien la resolución contó con el apoyo unánime de los países miembros, el proceso no ha sido cerrado de manera definitiva y el grupo de países que impulsaba los recortes de facultades de estos organismos ha manifestado su intención de insistir con la revisión del estatuto.

La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) celebra que la OEA haya sostenido su tradición de apoyo a los organismos de defensa de los derechos humanos evitando con la resolución emitida la perdida de financiamiento de los mismos.

De igual manera llamamos a los ciudadanos y a las organizaciones de la sociedad civil a seguir con atención la evolución de esta situación que dista de haber concluido por la insistencia de algunos gobiernos de la región en limitar las facultades de la Relatoría con el objetivo de evitar cuestionamientos a sus políticas en materia de Libertad de Expresión.

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