Discrepancia con la designación del Presidente del Consejo Consultivo de Medios Públicos

La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) manifiesta su discrepancia con los criterios adoptados para designar al Presidente del Consejo Consultivo de Medios Públicos creado por el artículo 124 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA).
En su primera reunión, a casi 6 años de sancionada la Ley 26.522 que le dio origen, los miembros del organismo han elegido para ejercer la presidencia del mismo al Secretario de Comunicación Pública de la Provincia de Buenos Aires, Juan Courel.
Según la LSCA este Consejo será el encargado de ejercer el “control social” del cumplimiento de los objetivos de la norma, y tiene entre sus facultades denunciar ante la Comisión Bicameral correspondiente los incumplimientos a la misma.
Debemos tener presente además que la propia LSCA establece en su artículo 121, inciso b, que uno de los objetivos de sistema público de medios es “respetar y promover el pluralismo político, religioso, social, cultural, lingüístico y étnico”,  con lo cual asignar la conducción de este organismo consultivo a un representante del propio Estado puede resultar contradictorio con el espíritu de la norma.
En función de estos objetivos resulta poco adecuado encomendar la presidencia del organismo a un funcionario público de reconocida afinidad con el gobierno, toda vez que el Consejo debería ser un ámbito en el cual la sociedad civil pudiera canalizar sus propuestas y ejercer su derecho a controlar el accionar del Estado.
Por otra parte la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha puesto de manifiesto la importancia de dicha pluralidad en los medios al públicos en el fallo mediante el cual determino la constitucionalidad de la Ley 26.522 al sostener que “la función de garante de la libertad de expresión que le corresponde al Estado queda desvirtuada (…) si los medios públicos, en lugar de dar voz y satisfacer las necesidades de información de todos los sectores de la sociedad, se convierten en espacios al servicio de los intereses gubernamentales.”
En consecuencia, la designación de un funcionario público en la presidencia un organismo que debería representar los intereses de la sociedad en relación a la administración y funcionamiento de los medios públicos puede resultar en una limitación al ejercicio de libertad de expresión y de prensa consagrados en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales que la integran.
La Fundación LED continuará con su labor de difusión y defensa de estos derechos fundamentales para la democracia e insistirá ante los organismos nacionales e internacionales competentes a fin de que se cumplan los principios de pluralidad y diversidad contemplados en la legislación vigente.
30/09/2015
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