Citan a declarar a un periodista de La Rioja a causa de un informe sobre el hijo del Gobernador de la provincia

La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) expresa su preocupación por la citación judicial recibida por el director de Medios Rioja, Miguel Galeano, ante una denuncia que efectuara Luis Páez, jefe de la Policía Provincial de La Rioja.
El funcionario policial radicó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal de la Provincia en contra del periodista a raíz de los datos publicados por el medio a su cargo, relativos a un supuesto hecho de violencia ocurrido entre el hijo del gobernador de la Provincia de la Rioja y un miembro de la custodia oficial en la residencia de la gobernación el día 14 de agosto último.
Más allá del contenido de los artículos periodísticos y de las desmentidas oficiales por parte de distintos funcionarios provinciales, resulta preocupante que se insista en nuestro país en utilizar a la justicia como mecanismo para silenciar información o para evitar que algún hecho de la vida pública o privada de los gobernantes o sus allegados tome relevancia pública.
Este caso presenta aristas similares a las del caso del periodista santiagueño Juan Pablo Suárez, que en diciembre de 2013 permaneció 10 días detenido acusado de sedición y a quien luego intentó aplicársele la “Ley Antiterrorista” por cubrir imágenes de una protesta policial. En ambos casos se encontraban involucradas las policías provinciales, y la intervención de la justicia provincial se dirigió a cuestionar a los medios, y a sus periodistas, que brindaron la información.
En este caso además donde los supuestos hechos involucran a la familia del Gobernador de La Rioja, Luis Beder Herrera debemos recordar que que la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos estipula que “Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público” y que “los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad” y por lo tanto “las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como leyes de desacato atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información.”
Estas normas, a las que adhiere nuestro país, deben ser tenidas en cuenta en este y en muchos otros casos en los cuales los periodistas son llevados ante la justicia a consecuencia de sus opiniones o de la información que difunden en temas de interés público.
Como hacemos permanentemente, volvemos a insistir en la necesidad de que toda la sociedad y en particular los funcionarios públicos comprendan e incorporen la importancia que tiene la labor periodística para el desarrollo de una democracia plena, y en consecuencia la necesidad de que se garantice y promueva su ejercicio sin restricciones.
Desde LED seguiremos con atención la evolución de esta causa judicial y reafirmamos nuestro compromiso en defender y difundir el derecho a la libertad de expresión y de prensa en nuestro país y en la región.

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