Restricciones a la libertad de expresión en Pozo del Tigre, provincia de Formosa

La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) expresa su preocupación y repudio ante las ilegítimas restricciones al derecho a la libertad de expresión ocurridas en la localidad de Pozo del Tigre, al sudeste de la provincia de Formosa.

Se trata de las amenazas de las que fueron víctimas los vecinos que brindaron su testimonio en la sección “Argentina urgente” del programa televisivo Periodismo para Todos, que se emite por la señal de aire de Canal 13 y que reveló en su emisión del domingo 22 de septiembre la problemática de la provisión de agua en la localidad formoseña.

Marisa González, vecina de Pozo del Tigre, quién había expresado al aire que sus hijos tenían “hambre de agua”, relató en la siguiente emisión del programa las represalias a las que se vio expuesta por haber exhibido su desgarradora realidad en los medios de comunicación. La mujer declaró que en la inauguración del polideportivo de la escuela a la que asisten sus hijos, se le exigió que se retire e incluso se le advirtió que no se le iba a hacer tal entrega a la escuela debido a sus dichos en televisión. “Me dijeron que no se le iba a entregar el tinglado a la escuela porque yo estoy mal con el gobierno […] porque salí en Lanata”. González relató que tal advertencia respondía a una orden expresa del sobrino de Gildo Insfrán, gobernador de Formosa.

Otra situación alarmante la constituye aquella expuesta por Noelia Luna, otra ciudadana de Pozo del Tigre que denunció que el municipio estaba circulando una nota para juntar firmas con el objetivo de prohibir la entrada de Canal 13 al mismo. La mujer contó que el intendente Raymundo Castillo, además de referirse a Marisa González como una “embustera”, pretendía impedir la entrada a los “medios que vienen a dividir al pueblo y decir mentiras”. Para esclarecer esta situación, Ignacio Otero, periodista del programa de Lanata intentó sin éxito entrevistar a Castillo, quién se refugió en su oficina para no atenderlo.

Este conjunto de amenazas o intimidaciones a los ciudadanos por expresar su opinión configuran hechos de represalia ulterior al ejercicio de su libertad de expresión que contravienen lo establecido por los tratados de derechos humanos a los que nuestro país ha adherido, así como también las garantías constitucionales. Es necesario solicitar a las autoridades competentes se garantice la convivencia pacífica en la comunidad y la absoluta libertad de los ciudadanos afectados, ya que hechos como estos configuran graves precedentes destinados a sembrar temor a fin de reprimir toda posibilidad de crítica o disenso.

Los Estados debieran garantizar el cumplimiento de lo expresado en el Punto 1 de la Declaraciónde Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos: “La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática.

En consecuencia exigimos el cese de las intimidaciones que afectan no sólo el derecho individual de los ciudadanos a difundir informaciones e ideas de toda índole, sino también el derecho social a recibirlas, puesto que, tal como lo sostuvo en repetidas ocasiones la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre.

La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) ratifica su compromiso a dar visibilidad a todos los actos que condicionen el derecho a la libertad de expresión, elemento primordial para la consolidación de una verdadera sociedad democrática. En palabras dela Corte Suprema de Justicia “entre las libertades que la Constitución Nacional consagra, la de prensa es una de las que poseen más entidad, al extremo de que sin su debido resguardo existiría tan sólo una democracia desmedrada o puramente nominal”.

 
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