No se puede someter la tarea periodística porque cuestione al poder – Caso Miceli.

La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) desea manifestar su repudio y preocupación por la acción intimidatoria del Diputado Nacional Andrés Larroque (Frente para la Victoria – C.A.B.A.) hacia el periodista Juan Miceli, conductor del informativo en la Televisión Pública TV Canal 7. La situación desnuda de manera categórica el verdadero destrato al que se está dispuesto a someter a quienes con sus preguntas pongan en crisis el modelo o cuestionen al poder gobernante.

Miceli fue intimidado en momentos en que cuestionó la utilización de la tragedia de las inundaciones en la ciudad de La Plata del 2 de abril de este año como herramienta proselitista al advertir que las donaciones anónimas de los ciudadanos eran rotuladas como pertenecientes a “La Cámpora” y distribuidas por militantes claramente identificados con esa agrupación  oficialista.

La situación a la vez, deja al descubierto metodologías que vulneran el derecho a la libertad de expresión y las cuales insistimos en denunciar ya que tienden a promover una hegemonía comunicacional contraria a los valores democráticos y republicanos.

No son nuevos los ataques, amenazas o intimidaciones a periodistas en nuestro país por parte de funcionarios o legisladores pertenecientes al partido de gobierno intentando acallar voces opositoras o voces que incomoden al poder. En nuestro último informe LED 2012 registramos 114 hechos producidos por parte de funcionarios ligados al poder gubernamental sobre 371 casos de limitaciones al ejercicio de la libertad de expresión en Argentina.

La restricción en el acceso a la información pública,  y la censura a cualquier expresión crítica del gobierno en los medios públicos, reviste un importante perjuicio para la libertad de expresión e información de los ciudadanos. Se incumple asimismo con la propia Ley 26522 impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional que en su artículo 121, inc. a, b y c, establece como objetivos:

a) Promover y desarrollar el respeto por los derechos humanos consagrados en la Constitución Nacional y en las Declaraciones y Convenciones incorporadas a la misma;

b) Respetar y promover el pluralismo político, religioso, social, cultural, lingüístico y étnico;

c) Garantizar el derecho a la información de todos los habitantes de la Nación Argentina;

Tampoco es nueva la utilización de los medios públicos para transmitir únicamente la voz oficial, excluyendo las voces críticas y promoviendo el escarnio público de quién intenta cuestionar las políticas gubernamentales. La cantidad de minutos de aire que el programa oficialista 6 7 8, de la productora PPT de Diego Gvirtz que se emite por la Televisión Pública, le ha dedicado a cuestionar el pasado de Miceli en otros medios de comunicación, mofándose del periodista y considerándolo poco menos que un apátrida, sustenta esta afirmación.

Con el mismo sarcasmo, se emiten al aire desde otros medios de comunicación vinculados al Gobierno Nacional, programas con idéntico objetivo, en los programas de la mencionada productora “Televisión Registrada” y “Duro de Domar” que se emiten por el Canal 9 de televisión abierta, donde se insistió en cargar contra Miceli.

Es elocuente la el comunicado de la Comisión Interna de Canal 7, que entre otras consideraciones manifiesta: “La reacción de Larroque… es un claro intento de intimidación, y en la que demuestra desconocer que este es un canal público y no gubernamental.” Y con absoluta contundencia remarca: “…se pasó a la demonización, homologando un periodista individual a una corporación y utilizando el archivo como arma de demolición a la carta, con un claro objetivo: actuar de manera ejemplificadora a través del miedo para evitar la repetición de similares actos de “rebeldía”.

Todo periodista tiene el derecho a dar su enfoque a los temas que aborda, ese derecho se basa no solo en su libertad de expresión sino que es la garantía de la ciudadanía será informada consistentemente, hechos que son pilares básicos para el sostenimiento de una sociedad democrática.

Es fundamental en esta ocasión hacer hincapié en el Principio 11 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos que claramente reza: “Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como -leyes de desacato- atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información”. Además es conveniente recordar la interpretación que a este Principio le da la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ha establecido “ … la necesidad de que exista un debate abierto y amplio, crucial para una sociedad democrática, debe abarcar necesariamente a las personas que participan en la formulación y la aplicación de la política pública…“, y agrega,”…dado que estas personas están en el centro del debate público y se exponen a sabiendas al escrutinio de la ciudadanía deben demostrar mayor tolerancia a la crítica…

La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) seguirá bregando para que estos hechos no se reiteren y trabajará para darles visibilidad con el objeto de que la sociedad argentina encuentre espacios de reflexión acerca de la importancia que tiene el respeto al derecho de libertad de expresión para la plena vigencia de la democracia en nuestro país.

 

11/04/2013

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