“Menos pluralidad de voces = menos democracia”

La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) desea expresar su profunda preocupación frente a la evidente situación de concentración de las opiniones que se vive en nuestro país y que en las últimas horas se ha visto cristalizada en la expulsión de trabajadores de prensa de los medios en los cuales se desempeñaban hace años como consecuencia de diferencias de criterio respecto a la líneas editoriales.

Como ya manifestáramos en otras oportunidades, los medios y sus dueños tienen el derecho a fijar una línea editorial, y en función de ello es razonable y legítimo que seleccionen a aquellos periodistas que a su entender expresan de manera más clara esa opinión.

En consecuencia no es ese el cuestionamiento que se realiza desde nuestra organización. No obstante, la libertad de expresión, entendida en su concepto más amplio debe ser, a nuestro entender, uno de los ejes rectores de la vida democrática y si bien no reviste un carácter de derecho absoluto es necesario tutelarlo de manera particular.

La situación puntual del periodista Marcelo Longobardi es consecuencia directa de un cambio de dueños en los medios con los cuales estaba vinculado. Estos cambios de titularidad se han producido en una situación que entendemos violenta claramente la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley Nº 26.522), hecho este que fuera absolutamente ignorado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) como oportunamente remarcáramos.

Ya con anterioridad, se habían producido diferencias entre periodistas de estos medios y los nuevos dueños, lo que impulsó que desde la Fundación alertáramos sobre el peligro que se corría e invitáramos a las partes a lograr un entendimiento que garantizara el pleno ejercicio de sus derechos.

En el caso de la periodista Silvia Pérez, su desvinculación de la radio en la cual se desempeñaba es la conclusión de una serie de situaciones en las cuales de manera progresiva se habría intentado desde la dirección del medio limitar su capacidad de emitir una opinión independiente.

En ambos casos, detrás de decisiones empresarias que pueden ser consideradas legítimas se manifiesta la ejecución de una política de concentración de las voces que busca restringir la difusión de cualquier mensaje distinto al oficial.

No casualmente los dos grupos empresarios involucrados se encuentran estrechamente vinculados al Gobierno Nacional, han logrado un poco claro crecimiento gracias a la arbitraria distribución de pauta publicitaria oficial y son ampliamente cuestionados por no cumplir con la normativa vigente ante la absoluta indiferencia de los organismos de control.

Estos casos confirman lo que en tantas oportunidades refiriera nuestra Fundación. Desde el Gobierno se pregona la democratización y pluralización de las voces, pero todas las acciones emprendidas van en dirección contraria y gracias a las omisiones reiteradas de los órganos de aplicación de la ley, se produce una cada vez más ostensible concentración de medios en manos de grupos afines al oficialismo.

La Fundación LED reitera que para la plena vigencia del derecho a la libertad de expresión garantizado en nuestra Constitución Nacional y en los distintos Tratados Internacionales que la integran es necesario detener cualquier tipo de intento por limitar la difusión de las voces diversas actuando así de manera acorde a los principios de una sociedad democrática moderna.

 

26/12/2012

 

 

 

 

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