Malestar presidencial con las emisoras radiales

Durante un acto en la Casa Rosada el 11 de septiembre último y mientras anunciaba el Plan “Ahora 12” la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner dio a conocer la existencia de un observatorio de medios dentro de las dependencias de la Jefatura de Gabinete.

Según la Presidenta reveló “el 79% de las noticias políticas y económicas son negativas, un 17% positivas y un 4 por ciento neutras”. Según los datos que le brinda la jefatura de Gabinete este análisis permite inferir la existencia de oficinas administrativas dentro de la estructura estatal que se dedican a monitorear los contenidos de los medios para evaluarlos según sus opiniones sobre la gestión del gobierno nacional.

Estas acciones son claramente restrictivas de la libertad de expresión y de prensa. Los contenidos que cada medio difunde no tienen por qué ser evaluados o relevados por el Estado.

Nuestra Constitución y los Tratados Internacionales que la integran son absolutamente claros al garantizar la libertad para difundir cualquier tipo de ideas por cualquier medio, por lo tanto no hay ninguna justificación para que el Gobierno mida el grado de optimismo o pesimismo de cada medio.

La Presidenta agrega además que la única radio con contenido positivo es Radio Nacional, y asevera que sería grave que esto no fuera así. Con esta afirmación está dejando claro que la radio pública no tiene independencia o pluralidad sino que responde directamente a la línea editorial que le fija el gobierno. En esta concepción autoritaria sobre el rol de la prensa y para rematar su idea sobre los medios agrega que: “El resto (de las radios) es mejor apagarla.”

Esta política de seguimiento permanente de lo que se dice en los medios sobre el gobierno nos recuerda cada día más a la novela “1984”, de George Orwell, y su Gran Hermano, que se inmiscuye en todos los rincones de la vida de los ciudadanos para controlar lo que éstos piensan sobre el sistema. En la misma línea, la Secretaría de Coordinación para el Pensamiento Nacional, recientemente creada podría asemejarse al Ministerio de la Verdad Orwelliano como el sueño de todo gobernante de manipular la historia para que el pensamiento único se imponga en nuestra sociedad.”

De allí la importancia de defender la libertad de expresión como un elemento vital para la vigencia plena de la democracia. Nadie está autorizado dentro del estado de derecho para vigilar lo que se piensa o se expresa públicamente ni para condicionar los contenidos de los medios de comunicación.

Tal como señalábamos en abril de 2008 cuando se creó el Observatorio de Discriminación en los Medios integrado por el ex COMFER (Comité Federal de Radiodifusión) y el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación) el seguimiento de los contenidos en los medios por parte de organismos estatales puede constituir elementos de presión sobre la libertad de expresión y de prensa si además esos organismos tienen poder sancionatorio.

Una vez más la molestia que generan opiniones críticas a las políticas quedan reflejadas en un discurso presidencial. Esto demuestra la incomodidad que la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner expresa ante el disenso.

De allí los intentos infructuosos de “coptar” y disciplinar los medios argentinos a través de la discrecionalidad en la distribución de recursos millonarios en pauta oficial y a través de una ley de medios confeccionada a medida de empresas de comunicación que responden al gobierno, dentro de un contexto de conflicto permanente al que se suma ahora la estigmatización presidencial sobre las radios independientes que no repiten el relato oficial.

La Fundación LED alerta sobre el riesgo de este tipo de monitoreo de contenidos que pueden culminar en prácticas más restrictivas y autoritarias, como el cierre masivo de emisoras tal como sucedió en la República de Venezuela, que durante el período de gobierno de Hugo Chávez sufrió el cierre definitivo de centenares de emisoras radiales independientes.

12/09/2014

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