La obligación de los funcionarios ante los periodistas. Nota de Opinión – Clarin 10/02/2015

Opinión. Ante la situación de la prensa argentina, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió que los funcionarios estatales deben ser claros en condenar las agresiones.

La carta publicada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el jueves 29 de enero señala: “El ejercicio periodístico sólo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento”.

La Fundación LED envía desde 2011 sus informes anuales a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el relevamiento detallado de los ataques, amenazas y actos de hostigamiento que los periodistas sufren en todo el país. Fueron 81 casos durante el año 2011; 230 en el año 2012 y 309 durante el 2013.

Está claro que la libertad de prensa en la Argentina está amenazada y que la Relatoría se hace eco en este momento a raíz de una situación de extrema gravedad. Un periodista argentino, Damián Pachter, el primero en dar a conocer noticias sobre la muerte del Fiscal Alberto Nisman, se ha convertido en el primer periodista exiliado desde la recuperación democrática. Nunca como ahora la comunidad internacional sintió que el ejercicio de la libertad de expresión en Argentina se acerca tanto a los umbrales de Venezuela, Honduras o Ecuador y se expresa en consecuencia.

La declaración de la CIDH, luego de señalar que la cuenta de Twitter de la Casa Rosada publicó información personal del periodista exiliado, enfatizó: “En ese sentido, los funcionarios estatales tienen la obligación de repudiar de manera clara, pública y firme los ataques perpetrados como represalia por el ejercicio de la libertad de expresión, y abstenerse de efectuar declaraciones que posiblemente incrementen la vulnerabilidad de periodistas en situación especial de riesgo”.

Con firmeza la organización que protege los derechos humanos en la región nos señala un punto que jamás hubiera debido entrar en debate: la posibilidad que desde un medio público se “escrache” a periodistas.

La utilización indebida de la cuenta oficial de Twitter de la Casa Rosada no sólo es repudiada por la CIDH sino que contraviene nuestro ordenamiento constitucional y en especial el último fallo de la Corte Suprema sobre la constitucionalidad de ley de medios. El Supremo Tribunal es el que señaló que: “Todo lo que se ha dicho acerca de la ley (de medios) y su propósito de lograr pluralidad y diversidad en los medios masivos de comunicación perdería sentido … si los medios públicos, en lugar de dar voz y satisfacer las necesidades de información de todos los sectores de la sociedad, se convierten en espacios al servicio de los intereses gubernamentales”.

 

10/02/2015

http://www.clarin.com/opinion/Libertad_de_expresion-prensa-periodismo-gobierno-funcionarios_0_1301270305.html

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