Derogación de la ley antiterrorista

La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) manifiesta su adhesión a las iniciativas legislativas tendientes a derogar la ley 26.734 (Ley Antiterrorista) que actualmente se encuentran en tratamiento en el Congreso de la Nación.

Desde la sanción misma de esta norma, en diciembre de 2011, LED manifestó que su aplicación llevaría de manera segura a la limitación de las garantías básicas tuteladas por la Constitución Nacional.

La incorporación de un agravante genérico a la comisión de cualquier delito tal cual surge de la incorporación del artículo 41 quinquies al Código Penal no se ajusta al principio de legalidad que implica que “no hay sanción penal posible sin norma penal” (nullum crimen sin lege) y va en contra de la garantías que surgen del artículo 19 de la Constitución Nacional y los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos (Artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional).

Al referirnos a las lesiones que esta norma podía provocar a los derechos civiles pusimos particular atención respecto a la posibilidad de que esta ley fuera utilizada como un mecanismo de presión sobre los medios de comunicación y los trabajadores de prensa con el objetivo de lograr la autocensura o bien de castigar a quienes tuvieran una línea editorial divergente al poder de turno.

Distintas situaciones en las cuales se ha intentado aplicar esta norma en los últimos meses han confirmado que la preocupación manifestada no era infundada y que tal cual se expresó oportunamente estamos ante una poderosa herramienta de coerción por parte del Estado.

El caso del periodista Juan Pablo Suárez, ocurrido en diciembre de 2013, que permaneció detenido durante 10 días en la Provincia de Santiago del Estero, fue la primera prueba de que la ley en cuestión podía ser aplicada para restringir el derecho a la libertad de prensa y de expresión en la Argentina.

En esa oportunidad la Fundación LED puso en conocimiento del Congreso de la Nación el caso de Suárez mediante una audiencia pública organizada por un grupo de Diputados Nacionales. Consecuentemente a esa acción es que apoyamos los proyectos de derogación de norma que se encuentran en tratamiento.

Nuevamente, se  amenazó con la aplicación de la Ley Antiterrorista el pasado 14 de agosto, al expresarse que se aplicaría esta norma al caso de la empresa Donnelly  que cerró sus puertas a principio del mes de agosto de 2014 despidiendo a 400 personas y que habría solicitado su propia quiebra, supuestamente, sin cumplimentar los requisitos exigidos por la ley.

Estas circunstancias, junto al hecho de que la ley no ha cumplido hasta el presente con las finalidades para las cuales fue promulgada vuelven razonable y necesaria su inmediata derogación a fin de garantizar la plena vigencia del estado de derecho en nuestro país.

19/08/2014

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