Comunicado Oficial del Gobierno agravia a Periodistas

La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) expresa su preocupación sobre el comunicado del Poder Ejecutivo Nacional, firmado por el Secretario General de la Presidencia, Oscar Parrilli por el cual se dio respuesta a la información emitida en el programa de canal 13 “Periodismo para Todos”.

Los hechos denunciados el pasado 18 de agosto por parte del equipo periodístico del programa citado, que dan cuenta de información que supuestamente vincularía al Gobierno con operaciones de lavado de dinero, han tenido como respuesta, desde la Presidencia de la Nación, un ataque sobre los periodistas y el medio que ha difundido esa información. La calificación de “sicario mediático” hacia el periodista Jorge Lanata, conductor del Programa, y las posteriores declaraciones del Secretario General de la Presidencia acusándolo de “asesino mediático” además de denuncias de hackeo de las cuentas de prensa oficiales, demuestran la inexistencia de los que deberían ser los canales institucionales de respuesta y comunicación oficial del gobierno, alterando el sistema democrático de relación entre el estado y la prensa.

Esta situación resulta de gravedad toda vez que atenta directamente contra el rol del periodismo de investigación en el sistema democrático. El aporte del periodismo a la democracia radica en el control de los actos públicos y en la difusión de información de interés para los ciudadanos. La investigación periodística difundida por el programa Periodismo para Todos es relevante para la sociedad y también para la justicia, que constituye la instancia natural de control, donde se definirá la veracidad de los hechos y la situación de los responsables de existir algún ilícito.

Tal como lo manifestamos en oportunidad de expresarnos acerca de lo acontecido el día 22 de noviembre de 2012, cuando un medio periodístico efectuara una presentación judicial denunciando bajo la figura de la incitación a la violencia a algunos periodistas que trabajan en medios públicos y/o afines al gobierno, rechazamos la utilización de la misma figura para cuestionar en esta oportunidad al periodista Jorge Lanata. Importantes funcionarios del gobierno y denunciantes en sede judicial pretenden sugerir que las denuncias vertidas en el Programa citado son desestabilizadoras o una incitación a la violencia. El riesgo de la utilización de estos argumentos radica en colocar mordazas a quienes investiguen o denuncien al poder. Por ello solicitamos a los funcionarios, detener los cuestionamientos a la investigación periodística y poner a disposición de la ciudadanía y de la justicia, cuando ésta lo requiera, toda la información pública vinculada a los hechos, como parte del derecho constitucional de todos los ciudadanos de acceso a la información.

La libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución Nacional. Su efectiva aplicación, respecto a la protección de ese derecho, ha sido sostenida y resguardada en la rica doctrina existente en todas las instancias jurisdiccionales de nuestro país.

En virtud de ello, el sostenimiento, respeto, garantía y protección a la información publicada por la prensa y su correspondiente protección legal constituyen el fundamento de todo sistema democrático. Este derecho es considerado como un bastión de los valores de la vida democrática, ya que implica la posibilidad de informase, de informar, de conocer, de interpretar o de opinar libremente.

La gravedad del comunicado emitido por la Presidencia de la Nación, por los conceptos y términos descalificativos utilizados, se encolumna en una serie de agravios que sufre la prensa libre y atenta contra los principios rectores de la vida en democracia.

La posibilidad de contar con medios y periodistas que publiquen investigaciones constituye un mecanismo de equilibrio legítimo que enriquece la vida democrática. La pretensión, por parte de uno de los poderes del estado, de atacar el ejercicio y la libre expresión de la prensa, deviene en una estrategia peligrosa para silenciar aquellas voces que denuncien acciones y hechos llevados a cabo por el gobierno y sus funcionarios. El peligro nunca radica en la libertad sino en el cercenamiento de ésta.

Para concluir, entendemos que los hechos referidos vulneran dos principios internacionales sobre la libertad de expresión reconocidos en la DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS SOBRE LIBERTAD DE EXPRESIÓN de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

1. La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática.

2. Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente. (…) Todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Desde la Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) continuaremos en la tarea de denunciar, dar visibilidad y advertir a la sociedad sobre hechos de estas características que afectan el respeto al derecho de libertad de expresión y la plena vigencia de la democracia en nuestro país.

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