Censura en el Canal 10 de Córdoba

La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) expresa su repudio a la Censura ejecutada contra el programa “El Avispero”, que se emitía por Canal 10 de la provincia de Córdoba, que fuera levantado del aire luego que se pusieran al aire informes vinculados al ex Secretario de Transporte de la Nación Ricardo Jaime.

El programa se emitía todos los sábados por el Canal 10 de televisión que depende de los Servicios de Radio y TV de la Universidad Nacional de Córdoba, era un programa de alto rating y la explicación oficial del levantamiento del mismo se justifica en razones comerciales y de programación.

Lázaro Llorens periodista y uno de los panelistas de “El Avispero”, denunció que este es un claro acto de censura y expresó que los rumores vinculados al levantamiento del programa comenzaron el 13 de julio a raíz de una entrevista que se le realizó al delegado regional de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), organismo responsable de la aplicación de la ley 26522, al respecto de la controvertida norma. Pero el desencadenante se produjo el 20 de julio cuando se emitió el programa con un informe que abordaba el caso de Ricardo Jaime, y la decisión fue comunicada el 24 de julio.

Si bien la notificación del levantamiento del programa estuvo a cargo del Presidente del Servicio de Radio y TV de la Universidad Esteban Falcón, Llorens responsabilizó por la decisión directamente al rector Francisco Tamarit e hizo extensiva la misma al Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, quién envió mensajes de texto cuestionando la emisión del informe sobre Jaime.

Como se puede apreciar, los hechos de censura son.cada vez más frecuentes en nuestro país, el informe anual de nuestra Fundación sobre las limitaciones al ejercicio de la libertad de expresión en Argentina en 2012, registró e hizo público, un total de 75 casos de censura producidos en ese año.

La censura contraría claramente todos los acuerdos multilaterales que, traducido en principios y declaraciones, han hecho concluir a los Estados en un compromiso explícito por su respeto en el convencimiento que de ello deviene la consolidación de las sociedades democráticas.

Este hecho confronta decididamente contra lo establecido en el Principio 1 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos: “La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas.  Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática”.

Interpretado claramente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al sostener que: “El respeto y protección de la libertad de expresión adquiere una función primordial, ya que sin ella es imposible que se desarrollen todos los elementos para el fortalecimiento democrático y el respeto a los derechos humanos…”

Además contraviene al Principio 2, que define: “Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo…”.

Y específicamente vulnera el Principio 5: “La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión.”

La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) permanecerá en la tarea de denunciar y dar visibilidad a estos graves hechos para evitar que se reiteren a la vez de alertar a la sociedad en la convicción del valor que representa el respeto al derecho de libertad de expresión para la plena vigencia de la democracia en nuestro país.

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